INTRODUCCIÓN.
LA ECONOMÍA.
1. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA. LA POLÍTICA ECONÓMICA.
PROTECCIONISMO O LIBRECAMBISMO.
LAS TRES GRANDES ETAPAS.
1814-1833.
1834-1874.
1875-1898.
2. LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS.
2.1. LA REFORMA AGRARIA.
El problema agrario y el programa de reforma.
LAS REFORMAS.
Las leyes y las políticas progresista y moderada.
El estatuto legal de la propiedad agraria.
La propiedad de la nobleza.
La propiedad del clero.
La propiedad municipal.
2.2. LA ECONOMÍA AGRARIA.
AGRICULTURA.
Un aumento de la producción y la superficie cultivada.
Los problemas de la modernización, el proteccionismo, las cosechas
irregulares.
La agricultura de exportación.
GANADERÍA.
La Mesta y la cabaña ovina. Las reformas.
Las otras cabañas.
3. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN.
3.1. LA INDUSTRIALIZACIÓN.
El fracaso de la industrialización: las causas.
3.2. LA INDUSTRIA TEXTIL CATALANA.
El desarrollo.
Las causas.
Las industrias algodonera y lanera.
El impacto sobre otras industrias.
3.3. LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA.
El desarrollo.
Las causas.
El impacto sobre otras industrias.
4. LA MODERNIZACIÓN DE LOS OTROS SECTORES ECONÓMICOS.
4.1. EL TRANSPORTE. LA EXPANSIÓN DEL FERROCARRIL.
Los caminos y carreteras.
La expansión del ferrocarril.
El tráfico marítimo.
4.2. MINERÍA Y ENERGÍA.
El desarrollo de la minería: la inversión extranjera.
Las nuevas fuentes de energía.
4.3. COMERCIO Y FINANZAS.
El comercio interior: un mercado nacional.
El comercio exterior.
El comercio colonial.
Las finanzas.
LA SOCIEDAD.
1. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.
El incremento demográfico.
Las etapas demográficas.
El modelo demográfico.
La distribución geográfica, sectorial y agraria/urbana.
2. LOS CAMBIOS SOCIALES EN EL CAMPO.
NOBLEZA.
El mantenimiento del poder económico y político.
CLERO.
BURGUESÍA.
CAMPESINADO.
La estratificación social del campesinado en grupos.
EL CONFLICTO ENTRE PROPIETARIOS Y CAMPESINOS SIN TIERRAS.
3. LOS CAMBIOS SOCIALES EN LA CIUDAD.
NOBLEZA Y BURGUESÍA.
PROLETARIADO.
EL CONFLICTO ENTRE BURGUESES Y PROLETARIOS.
INTRODUCCIÓN.
Este tema está estrechamente ligado al anterior (39), pues trata los
problemas económicos y sociales que aquél no podía abordar. Aborda en la UD
dos grandes bloques: la economía y la sociedad de la España del s. XIX. Pese a
que el enunciado no incluye el aspecto social, no es posible una explicación
histórica coherente de los problemas económicos sin referirse a los sociales.
Asimismo, el currículo de Bachillerato señala en la materia de Historia (común
en 2º de Bachillerato) estos contenidos en el bloque 3:
3. Construcción del Estado liberal e intentos democratizadores.
El carlismo y las opciones liberales. Cambios jurídico-institucionales en
el reinado de Isabel II.
El sexenio democrático. La Constitución de 1869. La Primera República.
Transformaciones agrarias y proceso de industrialización. Los cambios
sociales.
Se concluye que la UD 40 se refiere al último apartado: Transformaciones
agrarias y proceso de industrialización. Los cambios sociales por lo que debe
ampliarse la explicación con el último punto de los “Cambios sociales”.
LA ECONOMÍA.
1. LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA. LA POLÍTICA ECONÓMICA.
PROTECCIONISMO O LIBRECAMBISMO.
La política económica española del s. XIX varió en una compleja y contradictoria
evolución entre dos extremos, el proteccionismo (defendido por el
conservadurismo, el nacionalismo y el mercantilismo) y el librecambismo (defendido
por el liberalismo político y económico).
Ambos reflejaban posiciones políticas y socio-económicas distintas,
que, como ocurrió en la política de partidos, no pudieron imponerse permanentemente
a la otra y tras periodos de dominio de una seguían periodos de dominio de
la otra, con ocasionales pactos.
LAS TRES GRANDES ETAPAS.
Se pueden distinguir tres grandes etapas en la evolución y la política
económicas: 1814-1833, 1834-1874 y 1875-1898.
1814-1833.
Para España la Edad Contemporánea (definida por la construcción de un
Estado liberal y la industrialización) comienza realmente a partir de 1814,
pues antes había vivido en el Antiguo Régimen y sufrido la terrible experiencia
de la Guerra de Independencia. El reinado de Fernando VII es un compás de
espera, de lentísima recuperación de las graves pérdidas humanas y
económicas de la Guerra de Independencia, la crisis financiera y la pérdida
de las colonias americanas.
El gobierno, en este periodo, intenta basar la recuperación en el mercado
interior, mediante el proteccionismo. Tanto moderados como liberales (estos
contradictoriamente con sus ideas políticas, por lo que en el reinado
siguiente se harán librecambistas) desarrollarán en esta etapa una política
arancelaria mercantilista: prohibición de importación de trigo salvo
precios excesivos (1820), fuertes aranceles a los tejidos extranjeros (desde
1826).
1834-1874.
En el reinado de Isabel II y el sexenio final hubo, pese a graves problemas
y periodos de estancamiento, un sustancial avance en la población (aumento
demográfico, aumento de la población urbana), la agricultura (por la desamortización),
la industria (industria textil y siderúrgica, minas), el transporte (ferrocarriles,
barcos de vapor), el comercio (mercado nacional y colonial), las finanzas
(creación de bancos, Banco de España, peseta).
La política económica cambió a menudo, dados los sucesivos cambios
políticos. Mientras los absolutistas-moderados-conservadores son proteccionistas,
los liberales-progresistas son librecambistas. Estas posiciones políticas
reflejan intereses económicos: los latifundistas del trigo castellano y los
industriales catalanes y vascos son partidarios del proteccionismo, mientras
que los comerciantes y financieros lo son del librecambismo.
Posicionamientos distintos son los referentes a la desamortización de los
bienes eclesiásticos, nobiliarios y municipales. La oposición de la Iglesia,
la nobleza y los Ayuntamientos, fue incapaz de superar la presión de las bases
sociales de ambos partidos, que deseaban acceder al mercado de la tierra: la
desamortización cambió radicalmente la estructura de la propiedad agraria.
Pero hubo una distinción: los moderados se conformaban con la desamortización
civil y los progresistas exigían también la eclesiástica. Al final se hicieron
las dos, debido a las alternancias en el poder.
1875-1898.
La Restauración, en el último cuarto de siglo, es un periodo de sólido
avance en todos los sectores, empañado al principio por la crisis europea de
1873 y al final por las crisis de la filoxera y de 1898, que sólo fueron
interrupciones temporales.
La política económica del conservador Cánovas es generalmente
proteccionista y se basó en un pacto de intereses entre los intereses de los
trigueros de la Meseta y los industriales catalanes. En cambio, el liberal
Sagasta es librecambista.
2. LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS.
2.1. LA REFORMA AGRARIA.
En el periodo isabelino, entre 1835 y 1860, se consumó el proceso de
reforma agraria, que constituyó uno de los procesos más importantes de la
historia contemporánea española. Se abolieron los restos del feudalismo y
hubo un profundo cambio en la propiedad de las fincas (se liberalizó la
propiedad y se desamortizaron 10 millones de ha). Al final del proceso, el
campo español se había incorporado al sistema capitalista.
El problema agrario y el programa de reforma.
El principal problema del campo español eran las tierras “amortizadas”,
que por pertenecer a monasterios, ayuntamientos u otras instituciones
eclesiásticas o civiles, no pagaban impuestos ni podían ser vendidas o
repartidas en herencia. La existencia de estas tierras perjudicaba a la
producción agraria y el comercio, porque producían poco, y a la Hacienda, porque
no tributaban. Además, las tierras de los mayorazgos de la nobleza también
estaban excluidas del comercio y, por ello, muchos autores también las
consideraban “amortizadas”. Por ello, la desamortización a menudo se ha confundido
con la reforma de la propiedad en su conjunto, aunque sólo fue la parte principal.
Es preciso distinguir que la desamortización es sólo la expropiación por el
Estado y venta en subasta de los bienes eclesiásticos y civiles; en cambio,
para las tierras de la nobleza sólo hubo la liberalización jurídica de
su compraventa.
La reforma agraria enlazaba con el programa ilustrado (en especial con las
ideas de Jovellanos), apenas aplicado entonces, que influido por los
economistas fisiócratas y liberales pretendía poner la propiedad de las
tierras en manos de propietarios únicos e individuales, con plena libertad
para comprar, vender, arrendar y cultivar. Este nuevo tipo de propietario
podría aumentar la productividad con técnicas y cultivos modernos, con una
producción destinada a la comercialización.
El programa de reforma agraria planteaba suprimir:
- Las vinculaciones de la propiedad en las familias nobiliarias, mediante
los mayorazgos.
- El régimen señorial, de raíz feudal, que confundía la jurisdicción, la
posesión y la propiedad entre los señores y los campesinos.
- La propiedad eclesiástica de las “manos muertas”.
- Las formas de propiedad colectiva: bienes “propios” y comunales.
- Los censos y foros: rentas perpetuas que gravaban los bienes a cambio
de un capital o del mismo bien entregados anteriormente (muchos censos eran
incluso del s. XVI). Se les homologaban los arriendos perpetuos de dominio
útil (enfiteusis), aunque estos sí eran defendidos por los autores como una
solución eficaz (era el sistema mayoritario en el próspero campo catalán y
beneficiaba a los campesinos).
Las primeras leyes reformistas, muy moderadas, se habían promulgado ya en
el s. XVIII. Impulsadas por el gobierno afrancesado de José I y las Cortes de
Cádiz (1808-1812), y por los liberales en el Trienio liberal (1820-1823),
habían sido suspendidas en los periodos intermedios de reacción.
LAS REFORMAS.
Las leyes y las políticas progresista y moderada.
En la España isabelina el proceso legislativo se prolongó entre 1835 y
1860, sobre todo en dos ocasiones (1836 y 1854), ambas promovidas por los
progresistas, mientras que los moderados sólo mantuvieron las decisiones
de estos, cuando no las mantuvieron inactivas (en general, eran aceptaban la
desamortización civil, pero no la eclesiástica). El gobierno progresista de
Mendizábal acometió el grueso de la reforma en 1836 y los gobiernos progresistas
del Bienio Progresista (1854-1856), con el ministro Madoz, la completaron.
El estatuto legal de la propiedad agraria privada.
En 1836 se confirmaron las leyes de las Cortes de Cádiz, que consagraban el
pleno derecho del propietario sobre sus tierras: podía cercarlas y cultivarlas
a su voluntad.
En cuanto a los salarios y precios agrarios eran liberados de la intervención
estatal (reglamentos, tasas, aduanas interiores), para seguir desde entonces
las leyes del mercado.
La propiedad de la nobleza.
La ley de desvinculación (1836) abolió los mayorazgos: los propietarios
podrían vender sus tierras con plena libertad y en la sucesión podían repartir
los bienes. A largo plazo esto movilizó muchas propiedades, que se dividieron
y vendieron.
La ley de supresión de la jurisdicción señoríal (anterior, pues es de 1811,
pero confirmada en 1836) eliminó la jurisdicción señorial de los nobles, que
confundía la posesión y la propiedad entre los señores y los campesinos. Los
primeros aceptaban la renuncia a administrar justicia y nombrar autoridades
municipales en sus pueblos de señorío, pero querían conservar el derecho a
cobrar rentas por las tierras. En cambio, los campesinos querían la plena
propiedad de las tierras que cultivaban, sin tener que pagar rentas
(generalmente una parte de las cosechas). Su aplicación fue muy polémica y
los pleitos judiciales se prolongaron durante decenios (aún subsisten algunos,
siglo y medio después), pues había que deslindar los derechos de propiedad de
ambas partes, a veces compartida durante siglos. Muchas familias nobles consiguieron
de este modo mantener sus latifundios.
La propiedad del clero.
La desamortización de 1836.
Mendizábal decidió la desamortización (III-1836, completada en VIII-1837)
de la mayor parte de los bienes rústicos y urbanos de la Iglesia, incluidos
los censos, mediante su nacionalización y venta en subasta. El gobierno
estaba urgido por el pago de las obligaciones de la Deuda, el déficit de
la Hacienda y el costo de la guerra carlista, que pensaba cubrir con el
producto de la venta. En compensación el Estado asumió la obligación
(fijada mediante el Concordato con la Santa Sede de 1851) de mantener al
clero y los gastos de culto.
Se completó con la abolición del diezmo (1837), un tributo eclesiástico muy
gravoso sobre los campesinos.
La desamortización fue un proceso verdaderamente revolucionario, que
afectó a bienes muy importantes: las tierras, los edificios y los censos, y a
los dos grupos sociales más importantes de la Iglesia:
- El clero regular de las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la
enseñanza y hospitales. Muchos conventos desaparecieron (en 1835 se había
decretado la disolución de las órdenes religiosas con pocos miembros).
- El clero secular de las parroquias, que continuaron con sus iglesias,
pero sin sus bienes.
El procedimiento fue muy complejo. Se tasaron las propiedades (los censos
se tasaron muy caros, al 1,5%, lo que redujo su redención) y se hicieron
subastas públicas en cada provincia, al mejor postor, que podía pagar al
Estado de dos formas:
a) En efectivo con pago inmediato de un 1/5 y pago aplazado de 4/5 a lo
largo de 15 años.
b) En títulos de la Deuda pública al valor nominal (muy inferior al
real, 1/9 de media) con pago inmediato de un 1/5 y pago aplazado de 4/5 a lo
largo de 8 años. Esta última modalidad fue la más utilizada y benefició a la
burguesía, que era la que más Deuda depreciada poseía.
Mapa de la distribución provincial del valor de remate de las fincas,
durante la desamortización de Mendizábal
La venta se prolongó entre 1836 y 1843 y las urgentes necesidades forzaron
la venta apresurada a bajo precio, con lo que se alcanzaron sólo parte de los
objetivos financieros. Los moderados suspendieron la venta en 1843 (legalmente
en 1845), cuando la mayor parte de los bienes del clero regular ya había
cambiado de manos. Pero la mayoría de los del clero secular se salvaron
entonces (sólo hasta 1855). Una excepción fueron los bienes de las Órdenes
Militares, que se declararon en venta en 1836 pero no comenzaron a venderse
hasta 1847.
Una consecuencia muy negativa fue la ruina de la red religiosa de
asistencia social, lo que perjudicó a las clases populares más desprotegidas
y explica la oposición popular a la desamortización que se registró en varias
ciudades.
La desamortización de 1855.
La ley de Madoz (1855) permitió continuar la venta de los bienes
eclesiásticos todavía no vendidos, especialmente los del clero secular, que
fueron liquidados de acuerdo a la Iglesia (1860). Además, los censos, foros y
arriendos (muchos campesinos tenían tierras en arrendamientos antiguos) se
tasaron más baratos (4,8%), por lo que se redimieron casi todos (los campesinos
se liberaron así del pago de unas gravosas rentas perpetuas). Las ventas de
bienes prosiguieron en el sexenio revolucionario (1868-1874) e incluso en
la Restauración. El pago se hizo todo en dinero (sin admitir Deuda depreciada),
lo que aumentó los ingresos de la Hacienda respecto a la primera desamortización.
La propiedad municipal.
La ley Madoz (1-III-1855) estableció la venta de los bienes municipales de
“propios”. Los ayuntamientos controlaban dos tipos de bienes: “propios” (arrendados
a particulares) y “comunales” (utilizados por todos los vecinos), y sus
ingresos eran parte esencial de las finanzas municipales. En la práctica no
era fácil distinguir entre ambos tipos de bienes porque a menudo durante un
tiempo se arrendaban y en otro eran comunales, por lo que muchos ayuntamientos
optaron por liquidarlos todos.
El procedimiento era: tasa y subasta pública, con pago en efectivo que
debía repartirse 1/10 para el Estado (para amortizar Deuda) y 9/10 para los
ayuntamientos (para invertir en Deuda al 3%). La modalidad de tasación de
censos, foros y arriendos era la misma (4,8% ) que para los bienes
eclesiásticos. El pago en dinero fue una mejora evidente para la Hacienda
respecto a la primera desamortización (en la que se podía pagar con Deuda
depreciada).
La venta se realizó durante el periodo 1855-1867 y supuso un cambio aun más
importante que el de la desamortización eclesiástica, pues afectó a casi el
doble de tierras y estuvo mucho mejor repartido entre los campesinos. La
mayoría de los nuevos pequeños y medianos propietarios castellanos y catalanes
se beneficiaron de esta desamortización (en especial de la redención de
censos, foros y arriendos). En cambio, su efecto en Andalucía, Extremadura y
La Mancha aumentaron los latifundios.
Consecuencia negativas a corto plazo fueron la ruina de las Haciendas
locales, que incrementaron la presión fiscal sobre las clases populares, y la
pérdida del uso colectivo de los bienes, por lo que muchos pequeños campesinos
propietarios que complementaban con ellos sus ingresos no pudieron seguir compitiendo
y vendieron sus tierras, incrementando el proceso de concentración agraria. A
la larga, empero, fue muy beneficioso.
2.2. LA ECONOMÍA AGRARIA.
España mantuvo una economía fundamentalmente agraria durante todo el s.
XIX, aunque no tanto como en el Antiguo Régimen. Por los censos de población
sabemos que la mayoría de población todavía era campesina, pero en claro
descenso: el 80% en 1800, el 60% en 1860, el 50% en 1900, debido al mayor peso de las
ciudades, la industria, el comercio...
Hasta mediados de siglo las mayores fortunas estuvieron invertidas en el
campo. Los nobles eran grandes terratenientes y los nuevos ricos, los
burgueses dedicaban gran parte de su dinero a comprar tierras en vez de
invertir en la industria.
AGRICULTURA.
Un aumento de la producción y la superficie cultivada.
Es seguro que hubo un fuerte aumento en la producción agrícola,
especialmente en cereales, y desde los años 1870 en vino, aceite y agrios.
El aumento se debió sobre todo al aumento de la superficie cultivada, pues
los nuevos propietarios iniciaron la explotación de las tierras que hasta
entonces la Iglesia y los ayuntamientos habían tenido prácticamente
abandonadas, pero eran tierras de baja calidad, lo cual produjo un descenso
en los rendimientos por ha.
Los problemas de la modernización, el proteccionismo, las cosechas
irregulares.
Era una agricultura poco moderna en comparación con la Europa Occidental,
aunque ya en el reinado de Isabel II aumentó en las regiones en las que había
una clase de cultivadores capitalistas la agricultura comercial: los
cultivos se especializaron, en lugar del autoconsumo tradicional se vendía la
mayor parte de la producción en las crecientes ciudades (a donde llegaba en
los nuevos ferrocarriles), lo cual exigía el aumento de la producción;
se introdujeron las primeras máquinas para el laboreo de la tierra y la
recolección; y aumentaron los regadíos (Valencia, canal de Urgel).
La política económica buscaba la autosuficiencia de trigo; las
autoridades deseaban no tener que importar trigo del extranjero y se
pusieron altos aranceles proteccionistas (1820, 1834) de los latifundistas
trigueros, excepto en los años de malas cosechas. Desde 1884 el trigo
norteamericano y ruso a bajo precio inundó los mercados internacionales y
arruinó a muchos cultivadores, por lo que en 1891 Cánovas impuso un arancerl
del 100% al trigo importado. Esto
mantuvo las rentas de los propietarios trigueros pero impidió la modernización
y diversificación de los cultivos.
La producción agrícola era irregular: las crisis de ritmo decenal (aproximadamente
cada diez años), agobiaron a la sociedad española con su secuela de hambre
y aumento de la mortalidad. Las crisis, sobre todo las de 1847, 1854-1857 y
1867, obligaron a tomar medidas excepcionales.
La agricultura de exportación.
A partir de 1866 y, sobre todo, después de la Restauración (1875), se desarrolló
la agricultura de exportación, basada en los agrios (Valencia), el olivo (Andalucía),
con cosechas muy irregulares, y en especial la vid (Cataluña, Rioja, Jerez...),
gracias a que la filoxera arrasó en 1874-1890 las vides francesas y se
exportaba vino a Francia. Pero la filoxera también afectó gravemente al
cultivo español de la vid después de 1890, desencadenando una crisis agraria
(con éxodo rural a las ciudades y emigración al extranjero).
GANADERÍA.
La Mesta y la cabaña ovina. Las reformas.
A principios del s. XIX la Mesta todavía controlaba el sector ovino. La
trashumancia se había reservado históricamente los mejores pastos y el derecho
de paso por las cañadas gracias la prohibición de cierre de las fincas, en
detrimento de la agricultura. Las reformas del Trienio Liberal rompieron este
esquema: la abolición de la Mesta, la libertad de cercamientos. No
obstante, durante el resto del siglo siguió desarrollándose la ganadería
lanar.
Las otras cabañas.
Las cabañas vacuna, porcina, caballar y avícola también aumentaron
gracias a la mayor demanda de las ciudades, la introducción de cultivos
forrajeros, la selección de animales...
3. EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN.
3.1. LA INDUSTRIALIZACIÓN.
El fracaso de la industrialización: las causas.
A diferencia de Gran Bretaña, Alemania, Bélgica y Francia, vemos que la
España del s. XIX no vive plenamente la primera Revolución Industrial: la
artesanía sigue teniendo una importancia fundamental y la industria
agroalimentaria es la más importante. España era una nación atrasada.
Pero no hay que dramatizar esta constatación, porque a la mayor parte de
los países de Europa les ocurrió lo mismo, y porque hay importantes logros:
libertad de industria (1813), supresión del sistema gremial (1833), un
relativo desarrollo de la industria textil catalana y la siderurgia
vasca, la minería, las líneas férreas, el comercio y la banca. La liberalización
económica del s. XIX, en todo caso, puso las bases para beneficiarse en
parte de la segunda revolución industrial en el periodo de la Restauración
y la Dictadura, entre 1875 y 1930, cuando se diversificó la industria, con
la gran expansión de la hidroeléctrica, la química y la mécanica, lo que
permitirá a su vez el importante desarrollo experimentado desde 1960, que
ha incorporado a España en el selecto grupo de países altamente industrializados.
A qué obedece el fracaso o el retraso de la industrialización
en España? Las causas son múltiples y los autores no se ponen de acuerdo en
cuál fue la más relevante:
- La falta de capital. La burguesía no invirtió significativamente en
la industria porque no veía expectativas razonables de beneficio en ella
(tesis de Nadal) y prefería las tierras y el comercio. El capital extranjero
se invirtió en Deuda, la red ferroviaria y las minas, pero no en la industrialización.
- La falta de un mercado interior amplio. Su tamaño era pequeño (la
población creció menos que en Europa) y además pobre (la mayoría era un
campesinado mísero).
- La falta de un mercado colonial. La pérdida desde 1810-1824 de la mayor
parte de las colonias americanas le privaba de los mercados coloniales
que tanto beneficiaron a Gran Bretaña y Francia y además redujo los ingresos
de la Hacienda. De la importancia de este factor es prueba el tráfico que se
alcanzó con las pequeñas colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
- La falta de tecnología y fuentes de energía. La industria española no
podía competir en el mercado internacional debido a su escasa tecnología y la
carencia de fuentes de energía barata.
- La exportación de las materias primas. Aunque sí había importantes
recursos de materias primas, en vez de transformarse se exportaban.
- Las causas políticas: las guerras exteriores y civiles, la inestabilidad
política, las políticas inmovilistas, dañaron tanto a la población como a la
economía. Destacan negativamente las guerras contra Napoleón, el reinado
absolutista de Fernando VII, las guerras carlistas, las revoluciones....
3.2. LA INDUSTRIA TEXTIL CATALANA.
El desarrollo.
Cataluña vivió desde 1830 un gran desarrollo gracias a la industria textil
y se formaron una poderosa burguesía industrial y un numeroso proletariado
urbano. La producción creció continuamente (España era un gran productor
mundial en 1898), mientras que los precios de la producción bajaban (en 1871
los tejidos de algodón costaban 1/3 de lo que valían en 1831).
Las causas.
Las causas de este progreso son:
- La energía hidráulica y de las máquinas de vapor (1832, fábrica de
Bonaplata de Barcelona).
- La incorporación de maquinaria de hilado y tejido, importada de Gran
Bretaña o producida en Cataluña.
- Los aranceles proteccionistas en España y las colonias, indispensables
para compensar el menor precio de los productos británicos. La industria
textil siempre dependió del mercado interno y colonial: sólo tenía buenos años
si había buenas cosechas y sufrió mucho las rebeliones de Cuba y el desastre
del 98.
- La concentración financiera en empresas capitalistas: las sociedades
anónimas y las grandes empresas familiares.
Las industrias algodonera y lanera.
La industria algodonera fue la primera en crecer, concentrada en Barcelona
(adonde llegaba el carbón por vía marítimo) y en los valles del Ter y del
Llobregat (que contaban con la energía hidráulica).
La industria lanera se expansionó desde 1869 gracias a las importaciones
de Australia, y se concentrada en Sabadell y Tarrasa.
El impacto sobre otras industrias.
La industria química comenzó entonces en Cataluña, para fabricar tintes
y ácidos para la industria textil. Otras industrias (papel, corcho, cuero y
calzado, vidrio, maquinaria...), en parte relacionadas con el textil (por la
diversificación de actividades de los industriales o por imitación de sus
métodos) también crecieron, en varias regiones (sobre todo Cataluña y País
Vasco).
3.3. LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA.
El desarrollo.
La industria siderúrgica apareció en el periodo 1830-1870, en Andalucía
(Marbella, Sevilla), aunque utilizaba el carbón de leña, muy poco productivo.
Desde los años 1850 apareció en Asturias (beneficiada por las minas de
carbón) y, finalmente, en el País Vasco (que contaba con minas de hierro),
que tomaría el relevo con mayor éxito (2/3 de la producción total en el
periodo 1881-1931).
Las causas.
- Había una gran demanda de productos siderúrgicos. Se fabricaba hierro colado
y acero para las vigas para la construcción de viviendas, la construcción
naval en Bilbao, la maquinaria textil y agrícola en Cataluña, etc.
- La siderurgia vasca creció porque se beneficiaba de los baratos fletes
marítimos: los barcos que exportaban hierro a Gran Bretaña volvían cargados
de carbón a bajo precio. Eso compensó las dificultades de la escasez y
alto precio del carbón nacional, y la falta de competitividad con el
acero británico.
- La tecnología era moderna, de patente británica.
- La concentración financiera. La burguesía vasca se enriqueció,
apareciendo las familias Sota, Aznar, Ibarra... que originaron la gran banca
española.
- La industria siderúrgica no se benefició en el periodo 1840-1890 de la
construcción ferroviaria porque las compañías extranjeras consiguieron el
derecho de importar el material. Pero el arancel proteccionista de 1891 la
favoreció, especialmente a la industria metalúrgica de transformación en el
País Vasco, Asturias y Cataluña.
El impacto sobre otras industrias.
La industria siderúrgica ayudó a promover otras industrias: maquinaria
textil y agrícola, construcción, química... Los industriales siderúrgicos
diversificaron sus inversiones, aunque la mayoría fueron a la banca y la flota
mercante.
4. LA MODERNIZACIÓN DE LOS OTROS SECTORES ECONÓMICOS.
Las transformaciones agrarias y el proceso de industrialización afectaron
profundamente a otros sectores económicos.
4.1. EL TRANSPORTE. LA EXPANSIÓN DEL FERROCARRIL.
Los caminos y carreteras.
La mayor parte del transporte interior se realizaba en la primera mitad del
s. XIX en carros y diligencias (llamadas “instrumentos de tortura”, donde
se mezclaban los pacientes pasajeros y las mercancías). Los caminos y
carreteras (las vías principales, administradas por el Estado) eran escasos y
mal cuidados, simples líneas en la tierra aplanadas por el paso de los
vehículos. En 1840-1865 se desarrolló un programa de construcción que
permitió aumentar la extensión de 9.000 a 19.000 km, pero la calidad siguió
seindo mala.
La expansión del ferrocarril.
La primera norma es de 1844. Iniciada en 1843, se inauguró la primera
línea férrea, Barcelona-Mataró (1848), seguida por Madrid-Aranjuez (1851).
El partido progresista impulsó una red nacional, que unía Madrid con distintos
puntos de la costa, mediante la ley general de ferrocarriles (1855). Esta ley
señaló un periodo de diez años de intensa construcción: de 28 km en 1850 se
pasó a 6.124 km en 1875. En un solo año (1865) se tendieron 929 km.
Hubo un grave error técnico, al adoptar la vía ancha[1][1], en contraste con la vía estrecha que dominaba en
Europa, lo que encareció el transbordo de mercancías en la frontera francesa.
La financiación se logró mediante capital español y, sobre todo, compañías
extranjeras (la banca francesa). Se invirtieron grandes capitales, muchos
más que en las empresas industriales: 7/1 respecto a la inversión industrial
entre 1855 y 1864. El Estado les permitía la libre importación del material y
les garantizaba una rentabilidad del 6%
anual y otro 1% para la
amortización del capital. Esto sumó subvenciones por un 16% del total invertido.
El ferrocarril constituyó una revolución, como lo había sido en Inglaterra
y el resto del continente. Este nuevo medio de transporte supuso enormes
ventajas y el comercio recibió un gran impulso. Incluso cambiaron los hábitos
de alimentación al poder llegar a los mercados urbanos productos frescos de
huerta o pescado. En las ciudades se derribaron las murallas y se buscaron
espacios amplios para edificar las estaciones y urbanizar los nuevos barrios.
Pero llegó tarde a España y la red ferroviaria fue poco densa, debido a las
dificultades orográficas y la debilidad de la demanda, que reducía su rentabilidad.
El tráfico marítimo.
El tráfico marítimo mejoró notablemente a lo largo del siglo gracias a una
serie de factores: la mejora de los puertos, los avances en la construcción
naval (barcos de vela más rápidos y seguros, y desde mitad del siglo la
creciente difusión de los barcos de vapor), la extinción de la piratería en
el Atlántico (desde 1815) y en el Mediterráneo (desde 1830), el crecimiento del
comercio mundial con la industrialización y especialización de la producción.
El puerto más importante era Barcelona y a mayor distancia Bilbao, Santander,
Cádiz, Valencia, Palma, Vigo.
4.2. MINERÍA Y ENERGÍA.
El desarrollo de la minería: la inversión extranjera.
La minería se desarrolló con la ley de Minas, pero lo hizo a favor de los
intereses extranjeros (Francia, Gran Bretaña). Los yacimientos de plomo,
cobre, azufre, mercurio... localizados sobre todo en el sur de la Península,
y los de hierro y zinc del norte, estaban dominados por capitales extranjeros,
que exportaban la materia prima sin elaborarla en el país, lo que redujo el
crecimiento de la industria metalúrgica.
Casos especiales fueron el hierro, parcialmente transformado en el País
Vasco, y el carbón, una fuente vital de energía para la industrialización.
Las nuevas fuentes de energía.
Las principales fuentes de energía hasta fines de siglo eran la hidráulica
(ríos) y las máquinas de vapor (que utilizaban carbón de leña). La explotación
forestal, que antes había sido la principal fuente de energía (leña) declinó
debido a sucesiva aparición de los nuevos combustibles: carbón de mina desde
mediados del XIX, petróleo y electricidad a finales de siglo, que
revolucionaron la vida económica y permitieron iniciar en España la Segunda
Revolución Industrial.
La minería del carbón se desarrolló, especialmente en Asturias, con la
demanda de los ferrocarriles y de la siderurgia, pero su precio no era competitivo
y tuvo que protegerse desde 1900 con aranceles. La escasez de fuentes de
energía barata será uno de las causas de la débil industrialización española.
4.3. COMERCIO Y FINANZAS.
El comercio interior: un mercado nacional.
El comercio interior se reactivó con el desarrollo de las carreteras y,
sobre todo, del ferrocarril, que permitió la integración de las regiones
españolas en un mercado nacional así como la relación entre la Meseta y las costas,
antes imposible para los bienes de mucho peso; el crecimiento del mercado
urbano espoleó la producción y el intercambio.
El comercio exterior.
Las exportaciones a Europa y América crecieron notablemente, sobre todo,
en los últimos decenios. Pero era un comercio desequilibrado, con un alto
déficit: se importaban sobre todo productos manufacturados de gran valor,
carbón y algodón; y se exportaban sobre todo materias primas y productos
manufacturados de poco valor.
El comercio colonial.
El comercio colonial se centraba en las importaciones de azúcar, cacao y
café y las exportaciones de productos textiles. Numerosos comerciantes se
enriquecieron, sobre todo en los puertos principales.
Las finanzas.
La banca francesa se benefició durante muchos años de un casi monopolio
sobre la creación (unida de hecho) de bancos y la construcción de la red ferroviaria,
gracias a las leyes de 1855 sobre Sociedades de Crédito y Ferrocarriles.
Pero al mismo tiempo surgía una burguesía financiera nacional (los Martí,
Salamanca, Urquijo...) gracias a la acumulación de capital gracias a la desamortización,
el desarrollo especulativo urbano, el aumento del comercio colonial, la industrialización
(del textil y la siderurgia), la colaboración con la banca extranjera.
La crisis financiera de 1866 hundió a muchos bancos y obligó a una reforma:
la creación del Banco de España en 1874, con el monopolio de la emisión de
papel moneda (antes la moneda oficial, la peseta, la emitían todos los bancos),
permitió convertir a los bancos privados en bancos de depósito del ahorro
privado, que se dedicaron al préstamo o la compra de empresas industriales y
comerciales. Se consolidaron así los grupos financieros de Cataluña,
Madrid y País Vasco, que fueron los inspiradores a finales de siglo de
las fusiones bancarias que configurarían el mapa financiero hasta nuestros
días, favorecidos por la repatriación de capitales tras la pérdida de las
últimas colonias en 1898.
LA SOCIEDAD.
1. EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA.
El incremento demográfico.
La población de España pasó a lo largo del s. XIX de 10,5 millones a 18,5
M. Fue un crecimiento demográfico notable, de un 60% , superior al de los
siglos anteriores, pero muy inferior al europeo, porque la población de
Europa se incrementó en un 250% de
media. Si se compara con el fuerte crecimiento demográfico de Gran Bretaña o
Alemania, el de España era débil. Factores de este crecimiento fueron el
aumento de la producción alimentaria, las mejoras sanitarias (vacunas,
higiene), los cambios sociales en la familia, la urbanización, la reducción de
las epidemias...
Las etapas demográficas.
Nos faltan censos continuos y fiables, por lo que nos basamos en
aproximaciones. Así, si contáramos con datos precisos de 1867 seguramente
encontraríamos un fuerte aumento en el decenio anterior, pero al no tenerlos
sólo podemos suponerlo.
1797 = 10,5 millones de habitantes.
1822 = 12,8
1834 = 13,4
1857 = 15,6
1877 = 16,6
1887 = 17,5
1897 = 18,1
1900 = 18,6
Se pueden definir estadísticamente tres etapas:
1) 1797-1834 con una tasa anual de 3,9% . El crecimiento al principio del
siglo fue lento por la crisis económica y las pérdidas de la Guerra de
Independencia. Fue más intenso desde 1814, pese a los problemas del reinado de
Fernando VII.
2) 1834-1857 con un máximo de 6,3% . Particularmente intenso fue el
crecimiento en el segundo tercio del siglo, a pesar de las guerras carlistas.
Seguramente esta etapa continuó hasta 1866-1868, en la que la población se estancaría
por la crisis económica y los problemas del sexenio revolucionario (guerras y
disturbios).
3) 1857-1900 con un tasa anual del 4,3%
en esta etapa, que seguramente debió comenzar hacia 1866, continuó
algo más ralentizado el crecimiento de la población. A pesar de nuevas mejoras
en la higiene y el nivel de vida, impactaron negativamente algunas
epidemias (la mayor fue la del cólera de 1885, con 120.000 muertos), el inicio
de la emigración (desde los años 1880) y las guerras coloniales (1868-1878,
1895-1898).
El modelo demográfico.
El modelo demográfico es el de una sociedad tradicional, aunque evolucionando
hacia un modelo moderno, lo que se logra en el s. XX. Las notas son:
- Natalidad alta. Era un 38% en 1860
y un 35% en 1900.
- Mortalidad alta. Es la principal causa del relativo estancamiento
español: un 30,7% en 1860 y un
28,8% en 1900, frente al 18,2 % de Gran Bretaña en 1900, por lo que la esperanza
de vida era en 1900 sólo de 35 años. Esta alta mortalidad se concentraba en
la mortalidad infantil, especialmente en las grandes ciudades: en 1880
en Madrid morían alrededor de cuatro de cada diez niños menores de un año.
Continuaban las grandes epidemias (cólera de 1885) y hambres (1881-1890 en
Andalucía).
- Poca emigración exterior. La emigración es mínima, aunque comienza a ser
un poco importante desde 1880, dirigida hacia Francia, Argelia y América,
por el aumento de la población y la crisis rural.
La distribución geográfica, sectorial y agraria/urbana.
Hay una redistribución geográfica: un aumento en la costa y un
estancamiento o disminución relativa en el interior (excepto Madrid), aunque
todas las regiones aumentan su población.
En 1860 el sector primario era mayoritaro y tenía el 65% de la población, el secundario el 15% y el terciario el 20% de media.
La población agraria seguía siendo mayoritaria y era el principal foco de
excedentes, pero la población urbana crecía por el éxodo a los centros administrativos,
industriales y comerciales: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Asturias,
y también las capitales de provincia. Las ciudades crecen, derriban sus
murallas, programan sus ensanches.
2. LOS CAMBIOS SOCIALES EN EL CAMPO.
NOBLEZA.
Esta clase social, en vez de ser desplazada como ocurría en los países
europeos donde triunfaban las revoluciones liberales, retuvo la mayor parte
de su poder.
El mantenimiento del poder económico y político.
Mantuvo su poder económico: los nobles siguieron siendo los más grandes
terratenientes.[2][2] Pero una vez convertidas sus propiedades feudales
en burguesas, no las transformaron en empresas capitalistas sino que mantuvieron
el sistema anterior.
Conservó su poder político, gracias a sus puestos en la Corte y los
asientos que se les reservaban en el Senado.
CLERO.
El clero sufrió un golpe muy duro, pues redujo sus efectivos cuando casi
desapareció la rama del clero regular (antes la más numerosa y poderosa),
mientras que el clero secular dependía de la asignación económica del Estado.
BURGUESÍA.
Creció una clase burguesa de grandes terratenientes, de procedencia
urbana, que compró las tierras del clero y los ayuntamientos, así como
propiedades de nobles arruinados. La mayoría fueron propietarios absentistas,
que no invirtieron en modernizar la explotación, y residían en los pueblos y
las ciudades.
CAMPESINADO.
La estratificación social del campesinado en grupos.
Con la reforma agraria y la modernización del campo, el campesinado se
estratificó en varios grupos sociales, como resultado de la desamortización y
del carácter conservador de la reforma agraria continuó la clara división
de la estructura de la propiedad agraria en latifundios y minifundios. Las
grandes propiedades (más de 100 ha) ocupaban casi la mitad de las tierras
cultivables, mientras que las pequeñas (menos de 10 ha) ocupaban casi la otra
mitad. En cambio, las medianas propiedades (10-100 ha), las que hubieran sido
más rentables en aquel periodo, eran muy escasas (y se localizaban en pocas
regiones, como Cataluña).
Los grandes grupos sociales fueron:
- Los grandes arrendatarios de los latifundios (en especial de Andalucía y
el interior), que expulsaron a los campesinos subarrendados e impulsaron
cultivos extensivos (trigo, vid, olivo), sólo rentables por la abundancia de
mano de obra barata. Se convirtieron paulatinamente en burgueses, que
residían en los pueblos y los dominaban como caciques.
- Los pequeños y medianos propietarios, que compraron compraron fincas
desamortizadas, o mantenían sus propiedades anteriores. Sólo los que tenían
suficiente capital y extensión de tierras pudieron competir en el mercado
abierto. En Cataluña (medianas propiedades) y Valencia (más pequeñas) su número
se incrementó, al comprar los arrendatarios las fincas que cultivaban y
enriquecerse con el cultivo de la vid y otros productos comerciales. También
eran numerosos en Castilla la Vieja y León y el valle del Ebro (medianas
propiedades) y la región cantábrica y Galicia (más pequeñas), pero sus
cultivos no eran tan competitivos.
- Los pequeños arrendatarios y subarrendatarios, que a menudo empeoraron su
situación al endurecer los propietarios las condiciones del arriendo. Eran
numerosos en Castilla la Vieja y León, Galicia...
- Los jornaleros, cuyo número aumentó mucho (en 1860 eran el 54% de la población activa agraria), en parte por
el aumento de la población y en parte por el fin de muchos contratos de arriendo.
Su condición social, de bajos salarios y largos periodos de paro, empeoró por
la pérdida de los bienes comunales. Eran ampliamente mayoritarios en
Andalucía, Extremadura y La Mancha.
EL CONFLICTO ENTRE PROPIETARIOS Y CAMPESINOS SIN TIERRAS.
La condición miserable de muchos campesinos excluidos de la propiedad de la
tierra que cultivaban, tanto los pequeños arrendatarios sometidos al pago de
elevadas rentas, como los jornaleros sin tierras, explica que en el s. XIX y
el primer tercio del s. XX hubiera una continua agitación rural, con numerosas
protestas violentas.
Los propietarios se organizaron en los partidos carlista, conservador y
liberal, y en asociaciones de propietarios (como la catalana de San Isidro),
mientras que los campesinos pobres más radicales se organizaron en
sociedades secretas o en grupos anarquistas, que utilizaron a menudo el
terrorismo. Particularmente grave fue el problema en Andalucía (bandolerismo,
la Mano Negra andaluza, revueltas de 1868...), donde la opresión de los
latifundistas era comparativamente mayor y más miserable la condición de los
jornaleros.
3. LOS CAMBIOS SOCIALES EN LA CIUDAD.
Durante el s. XIX no varió significativamente la estratificación social
urbana. Pero sí aumentó notablemente la población urbana, lo que intensificó
sus problemas. Hacia finales de siglo el número de obreros era relativamente
reducido (excepto en Cataluña y País Vasco), bastante elevado el de campesinos
(que cultivaban los campos vecinos a las ciudades y pueblos) y artesanos
(pese a que reducían su proporción respecto a los obreros), y muy alto el de
criados (en Madrid uno de cada siete habitantes servía en 1860). Se
concluye de esto que:
- España no se había industrializado todavía, de ahí el bajo número de
obreros. Sólo había las excepciones de Cataluña y País Vasco, más en parte
algunas zonas y ciudades (Asturias, Madrid, Valencia, Alcoy...).
- La agricultura y la artesanía conservaban su importancia económica en la
vida urbana.
- El número excesivo de criados indica la importancia que para los nobles y
burgueses ricos tenía ostentación de un servicio doméstico numeroso.
En conjunto la sociedad urbana española se parecía bastante a la del s.
XVIII y se diferenciaba en gran manera de las más evolucionadas de Inglaterra
y Francia en el s. XIX.
NOBLEZA Y BURGUESÍA.
Nobleza y burguesía, desunidos a principios de siglo, lo acaban en estrecha
alianza, unidos en un bloque de poder dominante, opuesto a las clases
populares (jornaleros, obreros).
La nobleza, tanto la antigua como la nueva, pasa a residir en las ciudades,
donde viven sus miembros como terratenientes, militares, altos funcionarios,
alto clero... La desamortización y la supresión del feudalismo no destruyen su
poder económico y político, pero han de compartirlo con la burguesía.
La burguesía, la nueva clase adinerada, está integrada por los propietarios
rústicos y urbanos, los industriales, comerciantes y banqueros, los funcionarios,
que hacían sus fortunas como nuevos terratenientes (gracias a la
desamortización), en las fábricas del textil catalán y la siderurgia vasca, en
el comercio colonial, en el abastecimiento del ejército o especulando con
los solares en las ciudades en auge. Sus centros más importantes son Barcelona
y Madrid. La burguesía accede a una posición hegemónica en lo económico y
comparte el poder político con la nobleza.
Estas dos clases sociales compiten
entre sí en varios periodos revolucionarios (1820-1823, 1834-1839, 1854-1856,
1868-1874), pero acaban pactando. Una vez conseguida la igualdad jurídica, y
desmontado el Antiguo Régimen, la mayoría de los grupos que las integran
consiguen hacia mediados de siglo un equilibrio entre sus intereses y se
fusionan. La desamortización es fundamental en este sentido, al unirlos en
la compra de los bienes y el mantenimiento del nuevo orden.
La fusión se alcanza porque la nobleza y la burguesía españolas se
mezclan crecientemente a lo largo del siglo, gracias a la residencia urbana
de los nobles, los frecuentes matrimonios y la fusión de actividades, en
un proceso que terminará en el s. XX con la virtual desaparición de los
límites entre ambas clases sociales.
En realidad, en España los burgueses no se consideran rivales sino
socios de los nobles, y desean alcanzar su estatus social, su condición
aristocrática. Llaman a los nobles a los consejos de administración de las
grandes compañías, emulan sus costumbres y residencias, se contraen
matrimonios y, con frecuencia acceden a títulos nobiliarios.[3][3] El mismo deslumbramiento lo encontramos en los
militares de fortuna, que hacen carrera política apoyándose en sus éxitos
militares y obtienen títulos nobiliarios.[4][4]
PROLETARIADO.
El proletariado lo componen los obreros que trabajan en fábricas, ferrocarriles,
minas, etc. Su número aumentó espectacularmente durante el s. XIX. Sus
condiciones de vida fueron penosas: bajos salarios, muchas horas de trabajo,
insalubridad, desempleo prolongado... sobre todo en la primera mitad del siglo
y en comparación al Antiguo Régimen, al desaparecer la asistencia social de la
Iglesia.
EL CONFLICTO ENTRE BURGUESES Y PROLETARIOS.
La sociedad española de la época se caracteriza por la existencia de un
conflicto social en las ciudades entre la burguesía y el proletariado.
Los conflictos sociales se unieron durante el siglo XIX a los políticos y
económicos. Las revoluciones unieron los tres factores: descontento de las
clases sociales que ansiaban mayor poder o liberarse de la opresión, problemas
político-constitucionales en el reparto del poder entre las clases
hegemónicas, crisis económicas que rompían la paz social en las ciudades.
La burguesía se alió en varios momentos con el proletariado, en contra
de los privilegios del Antiguo Régimen: 1854, 1868, pero cuando veía en peligro
su propia posición intermedia entonces pactaba con la aristocracia un
reequilibrio del poder mutuamente beneficioso. Nunca asumió por entero el
poder político, porque con la virtual fusión de nobleza-burguesía se confundieron
sus intereses. La burguesía se reorganizó durante la Restauración en los
partidos políticos conservador (que en gran parte era resultado de la fusión de
los intereses de la nobleza y la burguesía) y liberal (más puramente burgués)
y en asociaciones patronales, que influyeron decisivamente en la política
de los partidos.
El proletariado se organizó durante los años 70, aprovechando la libertad
política del sexenio revolucionario y la Restauración, cuyas leyes confirmaron
la libertad de prensa (1883) y de asociaciones (1887). Se crearon entonces el
primer gran sindicato obrero, el socialista UGT (1872), y su partido
correspondiente, el PSOE (1879). Posteriormente surgirán otros partidos y
asociaciones de los obreros, especialmente los anarquistas, que fundarán la
CNT.
Estas organizaciones, tanto los socialistas como los anarquistas,
conseguirán organizar eficazmente a los obreros y con su unión y la presión
de las huelgas irán alcanzando mejoras salariales y de condiciones del
trabajo, que, pese a varios estallidos de violencia (terrorismo en los años
1890, Semana Trágica de Barcelona en 1909, revolución en 1917, terrorismo en
los años 1920-1923) facilitarán cierta estabilidad social del sistema hasta
los años 30.
BIBLIOGRAFÍA.
AA.VV. Historia agraria de la España Contemporánea. Crítica. Barcelona.
1985-1986. 3 vs. De varios editores. I (1800-1850), de A. García Sanz, 464 pp.
II (1850-1900), de R. Garrabou y F. Sanz Fernández, 542 pp. III (desde 1900),
de J. I. Jiménez Blanco y C. Barciela, 568 pp.
Anes, Gonzalo. Las crisis agrarias en la España Moderna. Taurus. Madrid.
1970. 515 pp.
Anes, G. La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868:
algunos problemas, en Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo
XIX. Ariel. Barcelona. 1970: 235-263.
Artola, Miguel. La España de Fernando VI. Espasa-Calpe. Madrid. 1968. 999
pp.
Artola, Miguel. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Alfaguara. Madrid.
1973. 440 pp.
Artola, Miguel. Antiguo Régimen y Revolución Liberal. Ariel. Barcelona.
1978. 318 pp.
Artola, Miguel. La Hacienda del siglo XIX. Progresistas y moderados.
Alianza. Madrid. 1986. 366 pp.
Artola, Miguel. Partidos y programas políticos (1808-1936). Alianza.
Madrid. 1991. 2 vs. 706 y 532 pp.
Carr, Raymond. España 1808-1975. Ariel. Barcelona. 1982. 826 pp.
Clavero, Bartolomé. Mayorazgo. Siglo XXI. Madrid. 1989 (1974). 473 pp.
Fontana, Josep. La quiebra de la monarquía absoluta 1814-1820. Ariel.
Barcelona. 1978 (3ª ed. revisada). 396 pp.
Nadal, J. La población española. Siglos XVI a XX. Ariel. Barcelona. 1973.
264 pp.
Nadal, Jordi. El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913.
Ariel. Barcelona. 1984. 314 pp.
Nadal, Jordi; Carreras, Albert (dir.). Pautas regionales de la
industrialización española (siglos XIX-XX). Ariel. Barcelona. 1990. 437 pp.
Nadal, Jordi. Atlas de la industrialización de España, 1750-2000. Crítica.
Barcelona. 2003. 664 pp.
Ringrose, David. España. 1700-1990: el mito del fracaso. Alianza. Madrid.
1996. 561 pp.
Rueda, Germán. Cátedra. La desamortización de Mendizábal y Espartero.
Cátedra. Madrid. 1986. 200 pp.
Tomás y Valiente, F. El marco político de la desamortización en España.
Ariel. Barcelona. 1971. 173 pp.
Tomás y Valiente, F.; et al. Desamortización y Hacienda Pública. Ministerio
de Economía y Hacienda. Madrid. 1986. 2 vs. 588 y 807 pp.
Tortella Casares, Gabriel; Martí, Casimiro; Jover Zamora, José Mª; García
Delgado, José Luis; Ruiz, David. Revolución burguesa. Oligarquía y
constitucionalismo (1834-1923). 1981. 574 pp. Tortella Casares, Gabriel. La
economía española, 1830-1900 (9-167). Martí, Casimiro. Afianzamiento y despliegue
del sistema liberal (169-268). Jover Zamora, José Mª. La época de la
Restauración: panorama político-social, 1875-1902 (271-320). García Delgado,
José Luis. La economía española entre 1900 y 1923 (409-460). Ruiz, David.
España 1902-1923: vida política, social y cultural (461-527). v. VIII. En
Tuñón de Lara, Manuel (dir.). Historia de España Labor. Labor. Barcelona.
1980.
Tortella, Gabriel. El desarrollo de la España contemporánea. Historia
económica de los siglos XIX y XX. Alianza. Madrid. 1994. 429 pp.
PROGRAMACIÓN.
TRANSFORMACIÓNES AGRARIAS Y PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ESPAÑA DEL
SIGLO XIX.
UBICACIÓN Y SECUENCIACIÓN.
Bachillerato, 2º curso. Materia de Historia. Apartado 3. Construcción del
Estado liberal e intentos democratizadores.
Transformaciones agrarias y proceso de industrialización. Los cambios
sociales.
Se explicará a continuación de las UD de la Revolución industrial y de la
evolución política española del s. XIX, a fin de relacionar sociedad y economía
con la política y para comparar los procesos de la Revolución industrial en
España y en Europa.
RELACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES.
Relación con los temas de Educación Moral y Cívica y de Educación Ambiental
(las consecuencias ambientales de la industrialización).
TEMPORALIZACIÓN.
Tres sesiones de una hora.
1ª Exposición del profesor.
2ª Exposición del profesor; esquemas, comentarios de textos y mapas.
3ª Repaso y refuerzo; esquemas, comentarios de texto y mapas.
OBJETIVOS.
Resumir las características de la economía y la sociedad españolas del s.
XIX.
Analizar la Revolución Industrial española en el s. XIX: sus
características, factores, insuficiencias y fracasos...
Definir desamortización.
Comparar el proceso de industrialización de España con el de Gran Bretaña.
Relacionar revolución demográfica y revolución industrial.
Relacionar la revolución industrial y la desamortización con sus
consecuencias sociales.
CONTENIDOS.
A) CONCEPTUALES.
La revolución demográfica del s. XIX en España.
El proceso de la desamortización.
El progreso agrario en el s. XIX.
La Revolución industrial española y su relativo fracaso.
La evolución de los grupos sociales y conflictos de clase en el s. XIX.
El papel de la mujer y el niño trabajadores en la época.
B) PROCEDIMENTALES.
Tratamiento de la información: realización de esquemas, gráficos y mapas
del tema.
Explicación multicausal: en comentario de textos.
Indagación e investigación: recogida y análisis de datos en enciclopedias,
manuales, monografías, artículos...
Comparación de procesos en distintos países.
C) ACTITUDINALES.
Rigor crítico y curiosidad científica.
Tolerancia y solidaridad.
METODOLOGÍA.
Metodología expositiva y participativa activa. Se hará hincapié en que el
alumno analice y relacione los procesos de desamortización e industrialización
con sus consecuencias sociales.
MOTIVACIÓN.
Lectura de un texto sobre las consecuencias sociales de la
industrialización en los barrios obreros en una época de crisis económica.
ACTIVIDADES.
A) CON EL GRAN GRUPO.
Exposición por el profesor del tema, con apoyo de transparencias y
diapositivas.
B) EN EQUIPOS DE TRABAJO.
Realización de un esquema de las causas y consecuencias del proceso.
Realización de una línea de tiempo del proceso.
Comentarios de textos, mapas y gráficos estadísticos sobre los procesos,
factores y ambivalentes efectos sociales y económicos de la desamortización
y de la industrialización textil y siderúrgica, de la expansión de los
ferrocarriles, el crecimiento de la población...
Comparación de los procesos económicos y sociales de España y Gran
Bretaña.
C) INDIVIDUALES.
Realización de apuntes esquemáticos sobre la UD.
Participación en las actividades grupales.
Búsqueda individual de datos en la bibliografía, en deberes fuera de
clase.
Contestar cuestiones en cuaderno de trabajo, con diálogo previo en grupo.
RECURSOS.
Presentación digital (o transparencias y
diapositivas), mapas.
Libros de texto, manuales.
Fotocopias de textos para comentarios.
Cuadernos de apuntes, esquemas...
EVALUACIÓN.
Evaluación continua. Se hará especial hincapié en que se comprenda la
relación entre los procesos de España y europeo y en la relación entre la
desamortización y la industrialización con las consecuencias sociales.
Examen incluido en el de otras UD, con breves cuestiones y un comentario de
texto.
RECUPERACIÓN.
Entrevista con los alumnos con inadecuado progreso.
Realización de actividades de refuerzo: esquemas, comentario de textos...
Examen de recuperación (junto a las otras UD).
APÉNDICE. Texto para comentario en clase.
Llopis, Enrique. El derrumbe del Antiguo Régimen. “El País” Negocios 1.368
(22-I-2012) 24-25. La crisis de 1802-1814. En serie ‘Las grandes crisis de la
economía española’, coordinada por él mismo.
‹‹Las secuelas de la Revolución Francesa de 1789 desencadenaron el inicio
de la crisis del Antiguo Régimen en España, un periodo caracterizado por las
guerras, la debilidad y el derrumbe de muchas de las viejas instituciones, la
inestabilidad política y la alteración de la dinámica económica.
Desde un punto de vista macroeconómico, entre 1789 y 1840, año en el que
finalizó la primera guerra carlista y se asentó el régimen liberal, se
alternaron dos fases expansivas, 1789-1801 y 1815-1840, y una recesiva, entre
1802 y 1814. Este artículo se ocupa esencialmente de la crisis de la década y
media inicial del siglo XIX, pero también extiende su mirada al antes y al
después.
En cuanto a las fases de crecimiento, resulta aparentemente paradójico que
España, de 1789 a 1801 y de 1815 a 1840, obtuviera resultados económicos
positivos en momentos de graves contratiempos internos y de cierta
desintegración de la economía internacional. La principal clave explicativa
radica en que el debilitamiento, primero, y el desplome, después, del Antiguo
Régimen facilitaron la incorporación a la labranza de enormes extensiones de
tierra.
En la España del siglo XVIII coexistieron dos velocidades y dos modos
distintos de crecimiento económico. En los territorios interiores y en las
regiones septentrionales, el PIB aumentó a una tasa no superior al 0,5%, el
crecimiento tuvo un carácter marcadamente rural, la productividad del trabajo
en la agricultura permaneció estancada y los progresos en la especialización y
en los tráficos mercantiles fueron modestos.
La España interior estaba lejos de aprovechar plenamente su potencial de
crecimiento agrario: muchas zonas se hallaban aún poco colonizadas porque los
grandes propietarios territoriales rentistas, las oligarquías locales con
importantes negocios pecuarios, los dueños de cabañas trashumantes y la Mesta,
grupos que acumulaban bastante poder, estaban interesados en frenar las
roturaciones en las tierras municipales.
Por el contrario, en el área mediterránea y en la Andalucía atlántica, el
PIB creció a una tasa cercana o algo superior al 1% y la expansión productiva
se sustentó, al igual que en otras zonas de Europa occidental, en un cierto
incremento de la productividad agraria, en el auge de la economía marítima, en
el desarrollo de la protoindustria y en la mayor laboriosidad de la mano de
obra familiar. En muchos casos, esa intensificación del factor trabajo fue la
respuesta a la caída de los salarios reales y/o al descenso de ingresos netos
de numerosas explotaciones agrarias, fruto del incremento de las rentas
territoriales y de la reducción de su tamaño ocasionada por la mayor presión de
la población sobre los recursos agrarios.
Por consiguiente, las “fuerzas económicas del progreso” (mayor comercio y especialización
y pequeños avances tecnológicos) solo resultaban claramente hegemónicas en una
parte minoritaria de España; de ahí que nuestro país siguiese divergiendo de
Europa occidental en el siglo XVIII.
La década de 1790 fue un periodo de fuertes convulsiones, de desequilibrio
financiero del Estado y de crisis sectoriales, pero también de aceleración del
crecimiento demográfico y agrario. En la España del siglo XVIII, su último
decenio fue, tras el de 1720, el de mayor crecimiento de los bautismos (véase
el gráfico 1 basado en una muestra de más de 1.200 localidades). Lo más
llamativo de este auge radicó en que fue protagonizado fundamentalmente por
regiones que habían registrado una expansión modesta o moderada en el siglo
XVIII (Andalucía occidental, Aragón y Castilla-La Mancha). En las zonas
interiores, este crecimiento demográfico habría sido inalcanzable sin que
simultáneamente se registrara una importante expansión agraria.
El impulso agrícola de la última década del siglo XVIII fue fruto de la necesidad,
de los mayores incentivos y de las oportunidades abiertas por el nuevo panorama
político. Los granos se encarecieron notablemente en todos los mercados y,
además, el diferencial de precios del trigo entre la periferia y el interior se
incrementó debido en buena medida a la disminución y a la mayor irregularidad
de las importaciones resultantes de las perturbaciones que los conflictos
bélicos ocasionaron al comercio exterior desde 1793. De modo que el interior se
encontró con una coyuntura favorable para incrementar su participación en el
abasto de cereales de la periferia. Además, el cambio de escenario político
provocado por la Revolución Francesa indujo a los integrantes del frente
antirroturador a moderar su oposición a los rompimientos. El notable incremento
de la defraudación en el pago del diezmo, aparte de ser un exponente del inicio
de la descomposición del Antiguo Régimen, también constituyó un acicate para
ampliar las labores.
La década de 1790 presentó una cara, la expansión demográfica y cerealista,
pero también una cruz: fuerte incremento de las tensiones inflacionistas y
acusado descenso de los salarios reales, agudización de los problemas
financieros de la Monarquía, reducción y mayor irregularidad del comercio
exterior y dificultades para todas las economías periféricas que mantenían un
apreciable grado de dependencia de los intercambios internacionales.
La recesión de la década y media inicial del siglo XIX estuvo integrada, en
realidad, por dos crisis distintas: la ocasionada por las malas cosechas y las
importantes epidemias (paludismo, tifus y fiebre amarilla) de principios del
Ochocientos, y la desencadenada por la Guerra de la Independencia. Los factores
exógenos a la economía y a la sociedad españolas desempeñaron un papel preponderante
en dichas crisis, pero los endógenos no fueron ajenos a la magnitud de ambas:
primero, la creciente desigualdad en el reparto del ingreso en la segunda mitad
del Setecientos había acentuado la precariedad de muchas familias; y, segundo,
la elevada mortalidad del periodo también obedeció a la incapacidad de los
Gobiernos para paliar escaseces y carestías, y al deterioro del funcionamiento
de los mercados y de instituciones asistenciales, como los pósitos, que estaban
siendo sacrificadas para evitar el colapso financiero de la Monarquía.
En la España interior de la época moderna, la crisis de mortalidad de
1803-1805 fue, tras la de 1596-1602, la que tuvo un mayor alcance territorial e
intensidad. El desastre demográfico de 1803-1805 fue fruto de una crisis de
subsistencias muy profunda (el promedio anual del precio del trigo se
incrementó, con respecto al de la década precedente, más de un 125%), pero
también de una importantísima crisis epidémica. Aparte de la mortalidad
catastrófica, también aumentó notablemente la ordinaria en la década y media
inicial del siglo XIX. En 25 pueblos de la provincia de Guadalajara, el
cociente difuntos/bautizados fue de 0,87 en 1785-1799, de 1,14 en 1800-1814 y
de 0,72 en 1815-1829 (véase el gráfico 2).
Las áreas periféricas también tuvieron que afrontar unos importantes
contratiempos económicos en los albores del siglo XIX. Las guerras navales, las
dificultades y la carestía del transporte marítimo y la crisis agraria y
demográfica de los territorios no marítimos provocaron un descenso en el nivel
de actividad manufacturera y comercial. Desde 1805, las colonias americanas
prácticamente prescindieron de la mediación hispana en sus tráficos exteriores.
La Guerra de la Independencia abortó la recuperación que la agricultura española
había iniciado después de 1805. Ahora bien, las secuelas de este conflicto
fueron mucho más allá del desencadenamiento de una nueva crisis económica.
Entre las principales, han de contabilizarse:
1. Tras la ocupación del país por las tropas francesas, muchas de las
instituciones fundamentales del Antiguo Régimen se desmoronaron o quedaron muy
debilitadas.
2. El vacío de poder en la metrópoli propició el estallido de movimientos
independentistas en buena parte de las colonias americanas.
3. La crisis financiera del Estado absolutista se intensificó
extraordinariamente.
4. La sobremortalidad y la merma de nacimientos, ocasionadas por la guerra
ascendieron a no menos de medio millón de personas.
En el terreno más estrictamente económico, deben mencionarse:
a) Numerosas explotaciones agrarias vieron reducidas sus
disponibilidades de fuerza de trabajo y de ganado; de ahí que muchas de ellas
tratasen de incorporar mayores cantidades del factor tierra para compensar las
pérdidas en los otros factores y restablecer un cierto equilibrio productivo.
b) Los saqueos y las destrucciones de cosechas provocaron
daños de consideración en no pocas zonas.
c) Las secuelas del conflicto perjudicaron de un modo
especialmente intenso al comercio y a la industria.
d) Los ahorros de los propietarios rurales fueron
absorbidos por gravámenes extraordinarios, requisas, suministros y préstamos
forzosos a los ejércitos, a la guerrilla y a los municipios. Los más pudientes
acumularon unos activos de elevado valor nominal sobre unos concejos cuyo nivel
de endeudamiento les impedía atender sus obligaciones financieras, salvo que se
desprendiesen de parte de sus todavía extensos patrimonios territoriales. De
modo que tales acreedores enseguida se percataron de que solo había una alternativa
para recuperar sus contribuciones a la financiación del conflicto bélico: la
privatización de tierras municipales.
Es indudable que la Guerra de la Independencia tuvo, en el corto plazo, un
impacto económico muy negativo, pero también generó otras secuelas que
contribuyeron a inducir, en el medio y largo plazo, cambios en la velocidad y
en el tipo de crecimiento económico, en la política comercial y en los niveles
de desigualdad.
El mayor potencial de crecimiento agrícola de España, al menos a corto y medio
plazo, estribaba en las enormes extensiones de tierras que podían roturarse.
Durante la Guerra de la Independencia se crearon condiciones favorables para el
estallido de una gran oleada de rompimientos, que se moderó en las etapas de
restablecimiento del absolutismo, pero que mantuvo un ritmo relativamente
intenso hasta mediados del siglo XIX: tras el hundimiento del Antiguo Régimen,
ni las viejas autoridades locales, ni las nuevas pudieron refrenar las ansias
de numerosísimos productores agrarios de ocupar y roturar tierras comunales; la
desamortización silenciosa de tierras municipales facilitó los rompimientos de
extensas áreas de pastizales y bosques; y, el incremento de los precios de los
granos también constituyó un acicate para extender los cultivos cerealistas.
Una vez concluido el conflicto, la recuperación demográfica fue inmediata e
impetuosa, sobre todo en las regiones cerealistas meridionales. El vigor de ese
proceso obedeció al fuerte crecimiento del producto agrícola, pero también al
relativamente reducido nivel de la mortalidad entre 1815 y 1830. De 1820 a
1850, la población española creció al 0,9% y la europea al 0,81%. Las
estimaciones de Álvarez Nogal y Prados de la Escosura apuntan a que, entre 1787
y 1857, el PIB y el PIB por habitante se expandieron a una tasa cercana al 1% y
a otra superior al 0,2%, respectivamente. Es indudable, pues, que el conflicto
con los franceses también entrañó una ruptura en el ámbito económico: nunca
antes la población y el PIB habían crecido tan velozmente en España como lo
hicieron entre 1815 y 1850.
El impulso agrícola posterior a 1815 tuvo tres pilares esenciales: la marea
roturadora, el rápido crecimiento de la población y la implantación y
pervivencia de una política comercial prohibicionista en materia de cereales.
Varios factores nos ayudan a entender por qué España adoptó en 1820 tal
política comercial y por qué la mantuvo tantos años:
1. La oleada de proteccionismo enérgico en la que estuvieron involucrados
numerosos países europeos y Estados Unidos, países que habían impulsado
procesos de sustitución de importaciones entre 1793 y 1815.
2. La necesidad de defender una nueva e importante actividad cerealista de
la competencia exterior en los mercados litorales una vez concluidas las
guerras napoleónicas, nueva actividad que se había desarrollado en periodos de
precios absolutos y relativos de los granos muy altos.
3. El régimen liberal, necesitado de ampliar su base social, utilizó el
prohibicionismo cerealista para frenar el descenso de las rentas agrarias y de
los precios agrícolas, lo que tornó más atractivas las compras de las tierras
desamortizadas.
4. Los propietarios y cultivadores de tierras de cereal contaron con el
decidido apoyo de los industriales catalanes en la defensa del prohibicionismo.
5. La pérdida de las colonias americanas originó un fuerte deterioro de las
cuentas externas y un drástico cambio en el panorama monetario (del intenso
crecimiento del stock de oro y plata en el periodo 1770-1796, se pasó a una
fase de descenso apreciable del mismo). Los sucesivos Gobiernos tuvieron que
emprender una política de reequilibrio de la balanza de pagos y el
prohibicionismo constituyó un instrumento esencial de la misma.
La presión que el prohibicionismo ejerció sobre los precios de los cereales
resultó clave para la formidable extensión de los cultivos en la primera mitad
del siglo XIX, pero otros factores también contribuyeron a la aceleración del
crecimiento económico: la notable ampliación del mercado nacional derivada,
ante todo, del intenso auge demográfico; el impulso en la urbanización desde la
década de 1820; el modesto incremento de la productividad en la agricultura;
los avances en la integración de los mercados; el inicio de la
industrialización catalana, y el dinamismo de la demanda exterior de productos
agrarios mediterráneos y de minerales a medida que tomaba cuerpo la
industrialización europea.
El balance económico del periodo 1815-1850 presenta luces y sombras. Por un
lado, el crecimiento se aceleró fuertemente con respecto a las fases
precedentes y la distribución del ingreso se tornó menos desigual (entre
1788-1807 y 1815-1839, la ratio renta de la tierra/salarios agrícolas descendió
un 21% y un 28% en Navarra y Castilla la Vieja, respectivamente). En
contrapartida, España, pese a su impulso económico, se alejó de Europa; el
prohibicionismo perjudicó a las regiones exportadoras, sobre todo a Valencia,
Murcia y a la Andalucía marítima; y, además, el modelo de crecimiento de
después de la Guerra de la Independencia tenía una fecha de caducidad cercana:
la expansión agraria se debilitó a medida que iba completándose el proceso
colonizador y que empeoraban las condiciones de acceso a la tierra; de hecho, a
finales de la década de 1850 ya se hallaba prácticamente agotado.
Sin embargo, nuestro país no acabaría en el callejón sin salida al que
parecía abocado: merced en buena medida a los ferrocarriles, en los que los
capitales, la tecnología y el capital humano foráneos fueron trascendentales, y
a la creciente demanda exterior de minerales y de distintos productos agrarios
mediterráneos, especialmente de vinos, España pudo ir deslizándose hacia un
nuevo modelo de crecimiento económico en el que el cultivo del cereal,
actividad en la que España no tenía ninguna ventaja comparativa, dejó poco a
poco de tener una hegemonía tan nítida y en el que los cultivos mediterráneos,
las actividades urbanas, el comercio exterior y, en general, las relaciones
económicas internacionales ganaron protagonismo.
Las lecciones del pasado decimonónico apuntan en la misma dirección que las
del siglo XX: los vientos europeos fueron cruciales para derribar el Antiguo
Régimen (aunque para ello el país sufriera un conflicto bélico muy costoso en
vidas y recursos), primero, y para dar un nuevo impulso al crecimiento económico
español, más tarde, desde que comenzó a agotarse el modelo que había tenido uno
de sus pilares esenciales en el prohibicionismo cerealista y algodonero. La
historia contemporánea evidencia, pues, el grave error que el aislacionismo ha
entrañado para nuestro país.››
[1][1] El motivo de adoptar la vía ancha no
fue evitar una invasión por ferrocarril, sino que se pensaba que la orografía
montañosa española exigía locomotoras más poderosas, que a su vez exigían unas
vías más anchas para darles más estabilidad. Cuando pocos años después el
problema técnico se resolvió ya era demasiado costoso reformar el ancho de la
vía.
[2][2] El más importante propietario del reino
era el duque de Osuna, que satisfacía contribuciones en 20 provincias, y
era prácticamente dueño de ocho pueblos en Sevilla y de numerosas posesiones
en Málaga, Extremadura, Salamanca y Ávila. Los duques de Medinasidonia y
la pareja de la reina madre María Cristina y su esposo el duque de
Riánsares, eran otras de las grandes fortunas de la época.
[3][3] Tal es el caso de quien tuvo la mayor
fortuna de la época, José de Salamanca, nombrado marqués de Salamanca tras
haber reunido un patrimonio gigantesco en ferrocarriles y la construcción
de inmuebles en las ciudades. El barrio de Salamanca, en Madrid, por él
planificado, lleva su nombre. Otros burgueses ennoblecidos entonces
son los Urquijo, Güell, López...
No hay comentarios:
Publicar un comentario